La exigencia de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene un innegable valor. En un mundo ideal no debería ser necesaria. En una sociedad más participante y mejor informada, tendría cuando menos formatos diferentes. Pero, hoy y aquí, aún más ayer y confiemos que un tanto menos mañana, la DIA y los procesos asociados tienen un valor indudable. Porque obligan a abrir la mirada de los profesionales que intervienen en el proyecto. Obras que habitualmente se tenían por lineales (carreteras o ferrocarriles, por ejemplo) dejan de serlo, pues hay que situarlas en un territorio que físicamente es tridimensional, pero que de hecho cuenta con un número aún mayor de dimensiones: la económica, la cultural, la social y la medio ambiental.

La necesidad del análisis territorial que siempre debería ir asociada a la implantación de una infraestructura es insoslayable desde que las consideraciones ambientales y el resto de condicionantes se hacen presencia ineludible en la justificación de la solución que se adopta. La rigurosa incorporación de los condicionantes medioambientales al cúmulo de condicionantes de naturaleza más técnica –que han sido con frecuencia los únicos que se tomaban en consideración– han contribuido, lógicamente, a aumentar la complejidad de un proyecto y han exigido, felizmente, la incorporación a los tradicionales equipos de proyecto, nuevas especialidades, sensibilidades y conocimientos asociados a profesiones que hasta hace poco parecía que no eran necesarias en los proyectos de infraestructuras.